Sacando a relucir su entraña aprista, el fiscal de la Nación,
Luis Peláez Bardales, negó su colaboración al gobierno norteamericano que,
según la revista Caretas, le había solicitado hasta en dos oportunidades
“asistencia legal”, impidiendo que
la justicia norteamericana. continúe
investigando al clan de los Sánchez Paredes, presuntos financistas de las
campañas electorales del APRA en el norte del país.
Si nos atenemos a las denuncia efectuada por la prestigiosa
revista fue en setiembre del 2012 cuando
la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York ordenó el congelamiento de 13
cuentas de algunas de las empresas de la familia Sánchez Paredes -por un total
de US$ 31 millones- bajo la sospecha de que estaban vinculadas al lavado de
activos y al narcotráfico internacional, la que al cabo de un año de investigaciones tuvo que ser archivada momentáneamente, según lo
anunció el juez federal de Nueva York Sur George B. Daniels.
La
actitud de Pelaéz, cuya ayuda esperó la justicia de Nueva York, sin lograrla, durante
6 meses obligó a a sus autoridades a cerrar momentáneamente el caso por la carencía de “evidencia crítica” para procesar
por lavado de dinero y tráfico internacional de drogas a los Sánchez Paredes en
el país del norte. Esto podría colocar a Peláez, ante la opinión pública, como
cómplice y protector de los presuntos protegidos por Alan.
Haciendo
memoria
Desde hace mucho tiempo, en Trujillo se habla de los vínculos
del clan Sánchez Paredes con el APRA, sosteniéndose, además, que ellos serían
los financistas de las campañas de Luis Alva Castro. Lo curioso resulta que según
el blog Desde el Tercer Piso (www.desdeeltercerpiso.com)el 28 de agosto de 2002, Maquinarias
vendía la camioneta. Declarando un precio de lista para la venta de 29 mil 850
dólares, la compañía hizo un sustantivo descuento de 11 mil 850 dólares, para
venderla en 18 mil dólares a un ilustre cliente: Alan García Pérez,
entonces el líder más importante de la oposición luego de su derrota en las
elecciones generales de 2001
Belisario Esteves, además de gerente
general de la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMS.A.)
, fue viceministro de Comercio durante el
primer gobierno de García. Pero el 2003 era una de las personas de
mayor confianza del clan de los Sánchez Paredes.
Persiles Sánchez fue un conocido traficante trujillano de
la “guardia vieja”, desde la década de los 70. Su socio Lucio Tijero Guzmán lo
vinculó con el cártel de Medellín e involucró a sus hermanos en el mismo . Ël cayó abatido en Trujillo en 1991
al resistirse a un asalto,
después que la Corte Suprema, en 1988, lo absolviera de una acusación de
tráfico ilícito de drogas, en el primer gobierno de Alan García.
¿Qué había ocurrido?
Documentos de la justicia norteamericana,
obtenidos por CARETAS, revelan una historia hasta hoy desconocida y apuntan a
lo más alto de la Fiscalía de la Nación.
Según
las autoridades judiciales de EE.UU. el caso se cerró debido a que el fiscal de
la Nación, José Luis Peláez Bardales, no colaboró con el gobierno
norteamericano que solicitó hasta en dos oportunidades “asistencia legal” al
titular del Ministerio Público, que es la autoridad central y oficial para
resolver estos casos.
Peláez
debía proporcionar a EE.UU. copias certificadas de la ‘megainvestigación’ a la
familia Sánchez Paredes -que dirigió el fiscal Jorge Chávez Cotrina-, de los
testimonios acusatorios, y coordinar la concurrencia de testigos, fiscales y
policías peruanos a la Corte de Nueva York.
Pero
por razones que se desconocen, según los documentos, Peláez derivó las dos
solicitudes confidenciales de las autoridades norteamericanas a mesa de partes
del Poder Judicial, poniendo en peligro la reserva de la investigación. Los
documentos cayeron donde dos jueces que denegaron la “asistencia legal” a
EE.UU. por “carecer de jurisdicción”, es decir porque no les correspondía a
ellos resolver sobre el tema, sino a la Fiscalía.
Por
su parte, el Fiscal de la Nación culpó al Poder Judicial (PJ) señalando que es el verdadero
responsable de la demora ya que es el encargado de autorizar la entrega de los
documentos requeridos por la justicia estadounidense.
Dijo
que ha gestionado el pedido de la justicia norteamericana y que insistió ante
dos jueces, pero resolvieron aplazar la entrega del expediente en cuestión.
Un
hecho que amerita que los órganos de control realicen la investigación
correspondiente.
